La Minera Cuzcatlan, Messico -

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Queste informazioni sulla Miniera Cuzcatlan sono state pubblicate da Zapateando in seguito all'omicidio, avvenuto il 15 Marzo, dell' attivista sociale impegnato contro la mega mineria y per il diritto all'acqua in quanto bene comune, il giovane ingeniere Bernardo Vasquez Sanchez, da anni impegnato nella difesa della sua Comunità contadina, e che faceva parte della Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlan e dell'Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Si tratta di una recente intervista a Bernardo, che, a causa del suo impegno, aveva subito già due attentati.
Segue un articolo di Francisco Lopez Barcenas sulla mineria in Messico -

Vedi:
www.elzenzontle.org

Conciencia y organización vs nueva guerra de conquista: San José del Progreso, Oaxas.

Zapateando para El Zenzontle

. La Minera Cuzcatlán llegó a San José del Progreso, en Ocotlán, Oaxaca, en 2005, como hacen siempre estas empresas, violando todos los derechos. A pesar de que el Convenio 169 de la OIT manda que sean consultados los pueblos sobre estos proyectos en sus territorios, nunca lo hacen. Cuando los pueblos protestan, la respuesta debería ser informar y buscar la licencia social, pero utilizan la compra de conciencias a través de recursos del gobierno federal, con nuestros impuestos. Si las cosas se les dificultan más, como en San José del Progreso, a través de la violencia.
A mediados de 2009, la minera armó a un grupo paramilitar que, en contubernio con la policía estatal, se encarga de amedrentar. “Tenemos constancias, de la detención, por pobladores, de paramilitares y policías, incluso iban en camionetas de la minera”, dijo Bernardo Vázquez Sánchez.
Generaron odio y rechazo a los servidores públicos. Por ello la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán se han ido constituyendo en una especie de gobierno autónomo, porque “sabemos que no podemos contar con las autoridades y tenemos que seguir viviendo como pobladores originarios”. Es un proceso para recuperar sus formas de organización desde la comunidad, las costumbres, como el tequio y la Guelaguetza, que dan vida al pueblo de Oaxaca.
Entre las violaciones a derechos humanos, enumeró: Iniciaron sin consultar a la población, la empresa lo ha reconocido públicamente. Se han negado a informar, a mostrar sus permisos. La comunidad ha pedido una consulta pública para determinar el rumbo de la empresa. No la han aceptado.
Las difamaciones contra dirigentes e incluso agresiones físicas. El 19 de marzo de 2011 “un servidor"(Bernardo) y la compañera Rosalinda Dionicio, fuimos perseguidos por camionetas de la empresa, obligándonos a volcarnos sobre la carretera a San José, casi perdemos la vida, estuvimos hospitalizados 20 días y aún tenemos secuelas de la agresión”. Las demandas y detenciones. El 6 de mayo, en un desalojo, fueron 23 compañeros encarcelados, siguen bajo proceso, firmando y llamados a declarar al Ministerio Público. Han amenazado a quienes protesten o encabecen una manifestación, demandas por cerrar vías de comunicación. El 29 de agosto de 2011 “fuimos detenidos diez compañeros, después de que dos horas antes hubo un altercado en un sitio comunitario que la población constituyó, porque los servicios estaban en manos del presidente municipal (impuesto por la minera), por lo que la comunidad instituyó su transporte, gestionando su reconocimiento ante autoridades estatales. De manera facciosa, además de encarcelar a los compañeros al salir a trabajar, nos detuvieron como si hubiéramos formado parte de la trifulca. Quedan, un juicio abierto, diez compañeros detenidos y un proceso de libertad bajo fianza”.
Recientemente pretendían instalar una red de agua para llevarse la mayor parte a la minera, arrancando la que tiene el pueblo. La gente se reunió para defender su agua, pero la policía municipal disparó. “Acribillaron al compañero Bernardo Méndez Vázquez, murió de 20 impactos de bala de R-15, nueve milímetros, sufrió una abertura de cuatro pulgadas en la boca del estómago. La compañera Abigail Vázquez Sánchez recibió un impacto de bala calibre 22 y está en recuperación.”
El 9 de junio de 2010 murió el presidente municipal (afín a la empresa) y “fueron heridos varios compañeros. Están demandados y los quieren hacer responsables del homicidio, pero tenemos evidencias de que fue Alberto Mauro Sánchez Muñoz, actual presidente municipal y entonces guardaespaldas del finado Venancio Oscar Martínez Rivera, a quien disparó y le dio muerte.” Han demostrado “que los diez detenidos son inocentes. Que los impactos de bala al presidente municipal y al regidor fueron por la espalda y venían de los pistoleros que hirieron a nuestros seis compañeros.”
“Hay tal complicidad con las autoridades de justicia de Oaxaca que los procesos no avanzan. En 2011 y 2012 hemos demostrado que las autoridades municipales portan armas de alto calibre de uso exclusivo del ejército. En junio de 2011 fueron detenidos el síndico, el regidor de educación y el suplente de obras, portando armas de uso exclusivo del ejército”, pero la PGR los detuvo y los puso luego en libertad.
A pesar de que autoridades estatales y federales “tienen conocimiento de la existencia de grupos armados y que la autoridad municipal es parte del grupo que formó la minera en 2009, y los impuso como autoridades municipales, lo cual está documentado con fotografías, con escritos; la inoperatividad del nuevo gobierno ha permitido que esto siga.”
Les preocupa “que crezcan la rispidez y la violencia y lleven a una guerra sin fin en San José del Progreso. Tenemos tres años sin que la Procuraduría y el Tribunal Agrarios llamen a elecciones, saben que la mayoría se opone a la mina, y de hacer una asamblea quedaría un comisariado que trabajaría por revisar el convenio minero. Prefieren, las autoridades, no tener comisariado ejidal. Hemos pedido la desaparición de poderes, pero no lo hacen, a pesar de que las autoridades solamente gobiernan a su familia y a unos cuantos leales a la empresa. Permiten que gasten dinero en fiestas con los grupos de moda del momento.” La comunidad está pidiendo una evaluación ambiental alterna, ajena a la empresa y a los gobiernos estatal y federal. Las autoridades han preferido la ruptura social y la guerra mediática.
Destaca la falta de medios de comunicación alternativos que “nos permitan llegar a la comunidad con propuestas más reales. Existen organizaciones que aparentemente luchan por nuestros pueblos, pero son clientes de los gobiernos, y eso perjudica y daña a quienes realmente luchan por una solución de los problemas de los pueblos.”
Falta limpieza, “coordinación de quienes realmente se interesan por el ambiente y por los pueblos e impulsar una forma diferente de desarrollo.” Es un reto construir organizaciones en las ciudades, llegar hasta la clase media cuya vida está inmersa en el capitalismo y es su forma de ver el mundo. Que las instituciones de educación aborden estos temas y los científicos investiguen apegados a la realidad de nuestros pueblos. “Los pueblos están haciendo lo suyo, la clase media no ha sido capaz de ser sensible a estas cuestiones, en parte porque los medios de comunicación difunden lo contrario a la verdad de las luchas sociales”.
Acudieron al Festival en Xalapa el 25 de febrero –finalizó Bernardo Vázquez– como compañeros de LaVida en la ANAA, para compartir su experiencia e ir formando una lucha nacional contra “la nueva invasión, la nueva conquista que ofrece espejitos por oro.”

Detener el saqueo minero en México

FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS

El saqueo minero en México es posible dadas las facilidades que la legislación otorga a las empresas mineras para hacerlo, pero también porque en los casos donde impone algunas condicionantes éstas no se respetan. Eso se desprende del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, dado a conocer en días pasados. No es la primera vez que lo hace; ya en 2008 había señalado que la Dirección General de Minas había entregado concesiones a empresas que carecían de las actas constitutivas que acreditaran su nacionalidad y que dentro de su objeto social se encontraba la minería; además, en aquella ocasión el organismo expresó que los concesionarios no informaban que su actividad se ajustara a las disposiciones en materia de protección al ambiente, ni que hubieran realizado las obras a que la ley los obliga.
Ahora la Auditoría Superior de la Federación vuelve a poner el dedo en esta llaga por donde se desangra a México. Ya no habla de que no se identifique la nacionalidad de la empresa minera concesionaria ni que no acredite que dentro del objeto para el que fue creada esté la minería; lo que dice es que de mil 121 concesiones que se autorizaron en 2010, 272 no se registraron en el padrón correspondiente, lo que lo convierte en un instrumento de control poco confiable; de igual manera, 80 de ellas no consignaron su registro federal de contribuyentes, impidiendo que la Secretaría de Hacienda pueda requerirles el pago correspondiente por derechos; además, que en 39 casos la empresa titular de la concesión no pagó derechos y en 27 pagó menos de lo que era su obligación liquidar.
Otra de las irregularidades detectadas es el pago por el uso y aprovechamiento de bienes de la nación, como son los recursos naturales. El informe de la Auditoría Superior de la Federación corrobora lo que en muchas ocasiones se ha señalado en La Jornada: que las cuotas que se pagan por una concesión son inferiores a los costos de los trámites administrativos para otorgarla. Textualmente, afirma: El importe de las cuotas que se pagan actualmente es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos está por arriba de los derechos de concesión que cobra el Estado, como se observó en el periodo 2005 a 2010, en que el valor de la producción ascendió a 552,422,429.3 miles de pesos, y el de los derechos cobrados a 6,543,417.4 miles de pesos, los cuales equivalieron a 1.2 por ciento de la primera. Pero no sólo eso: también se detectó que los pagos por trámites de modificación de títulos y por la modificación misma no son verificados por la autoridad, de ahí que no se pueda saber si pagan o no, o si lo hacen de manera correcta.
Lo que el informe muestra es que las venas del saqueo minero en México siguen abiertas. No sólo por lo laxo de la legislación aplicable, sino también por las omisiones de las autoridades en vigilar que se cumpla. Esto, como es natural, tiene sus repercusiones. Cada día aumentan las protestas sociales por la devastación ambiental causada por la minería en diversas partes del territorio nacional, lo mismo que por los contratos leoninos firmados con los dueños de las tierras bajo las cuales se encuentra el codiciado mineral, o los daños a la salud que el uso de sustancias químicas provoca. Ejemplos sobran, aunque destacan las protestas indígenas porque, al introducirse en sus territorios sin su consentimiento, destruyen el entorno social donde viven y ponen en peligro su existencia como pueblos.
Eso debería ser razón suficiente para emprender una revisión profunda a la legislación y las políticas mineras. No se puede seguir haciendo como si nada pasara. Es necesario analizar los requisitos para la entrega de concesiones las obligaciones de quienes las obtienen, especialmente en materia de protección ambiental y de salud de quienes viven en las zonas donde se instalan, los pagos por derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y los impuestos por comercialización de los mismos. Esas son razones suficientes para iniciar un cambio de fondo en esta actividad, pero si alguien necesita un argumento más, hay que decir que el mineral es propiedad de todos los mexicanos y las trasnacionales mineras se lo están llevando sin dejar ningún beneficio al país.